Sr. Ferrari.- Señor presidente: quiero aclarar que los diputados que desde el año pasado estuvimos trabajando en este proyecto, consciente y responsablemente, no nos abocamos a su tratamiento por tratarse de una imposición del GAFI sino porque entendemos que hay que atender las deficiencias del sistema actual, y tratamos de llegar a lo que era lo mejor para el país.

Obviamente que escuchamos al Poder Ejecutivo, y también escuchamos a todos aquellos que nos hacían notar que era imprescindible para la Argentina alcanzar una normativa de acuerdo con esa exigencia. Pero no fue ese el objetivo que nos movió sino un trabajo que se vino haciendo desde el año pasado.

Antes de mencionar algunas cuestiones generales, debo hacer un reconocimiento. Por lo menos para mí, es la primera vez que pudimos hacer un trabajo muy interesante también con el oficialismo. Debo reconocer en el señor diputado Albrieu a una persona que tuvo la apertura para escucharnos y para estar predispuesto a incorporar una serie de cuestiones, más allá del resultado final. Antes de comenzar quería hacer este reconocimiento porque me parece valioso que podamos tener este tipo de procedimientos.

Obviamente, el gobierno no podía desconocer que el GAFI en algún momento iba a plantear la cantidad de deficiencias que tenía el sistema. Evidentemente, el máximo responsable de llevar adelante las políticas en esta materia y de impulsar los cambios necesarios era el gobierno. Por lo tanto, no era necesario que el GAFI nos plantee la necesidad imperiosa de tener un cambio en esta materia; necesidad que –como dijimos‑ varios vimos y por eso presentamos proyectos de ley desde el año pasado.

La situación de la Argentina en esta materia es apremiante. El combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo exige una cantidad de reformas, y considero que varias de ellas están siendo incorporadas mediante este dictamen que ojalá podamos votar unificadamente.

Es verdad que hubo una situación, de exclusiva responsabilidad del gobierno, que puso en riesgo a la Argentina. No caben dudas de que se demoró demasiado el tratamiento y de que, en los últimos tiempos, fuimos sujetos de una cantidad de reglamentaciones a las que me voy a referir y que trataban de emparchar la situación legislativa que existía en la República Argentina respecto –principalmente- de las facultades de la Unidad de Información Financiera.

También tenemos objeciones políticas vinculadas con la forma en que se utilizó la Unidad de Información Financiera. En varias oportunidades hemos estado convencidos de que se persiguió –o, por lo menos, se tiñó de un manto de sospecha- a determinados opositores políticos.

Ojalá estemos en otro momento de la historia argentina, y que esta ley pueda evitar la posibilidad de que nuevamente sea un instrumento del Estado mal utilizado.

Vamos a tratar de lograr la mejor ley posible, que incorpore herramientas transparentes y que trate de limitar al máximo no sólo la utilización política, sino también el manejo de la información.

Ciertamente este organismo permite conocer información muy sensible. La hemorragia legislativa, a partir de casi 30 normas que se dictaron últimamente desde el Poder Ejecutivo, tratando de emparchar la ley, llevó a la normativa vigente a una situación de casi imposible cumplimiento, determinando una cantidad de medidas cautelares que se iban sucediendo una tras otra, precisamente por la necesidad de modificar una norma que presentaba una gran cantidad de deficiencias.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Susana Fadel.

Sr. Ferrari.- Queremos un debate serio e informado, y promover una iniciativa que no responda a la urgencia, sino Ba la estrategia.

La ley no puede responder sólo a necesidades, sino que debe estar vinculada con la forma o contenido con el que se responde a esas necesidades. Al mismo tiempo, en segundo lugar estamos buscando una estrategia de lucha contra el crimen organizado, que en verdad nosotros no advertimos.

La Argentina fue sometida a graves incumplimientos. El dictamen de diciembre de 2010 del GAFI decía que desde 2003 no se han hecho progresos suficientes respecto de numerosas deficiencias identificadas y las medidas legales y preventivas adoptadas carecen de eficacia.

Muchas de estas deficiencias eran fácilmente subsanables con voluntad política, porque no es sólo la norma la que resuelve una determinada problemática de un país. Permanentemente vemos que el gobierno pone determinada voluntad política para resolver algunas cuestiones, y lo logra, ya sea para bien o para mal.

A veces lo importante es la acción del Estado, y seguro que este gobierno muestra decisionismo. Ya he dicho en otras oportunidades que el Poder Ejecutivo gobierna por decreto y a espaldas del Congreso, resolviendo las cuestiones.

Aquí ha faltado voluntad política. Ahora, por la presión internacional ha sido muy bueno que nos sentemos a trabajar, pero tampoco encuentro –por eso reclamo la voluntad política- un plan nacional. ¿Tenemos un plan nacional que defina la agenda estratégica del país y cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar a corto, mediano y largo plazo en esta materia?

El gobierno dice que presentó al GAFI un plan, pero no lo conocemos. Debo reconocer que las autoridades, como el ministro de Justicia, el señor presidente de la UIF y el secretario de Política Criminal estuvieron presentes en la Cámara y se prestaron a responder a las preguntas que les hicimos en el ámbito de la Comisión de Justicia. Ojalá nos informen sobre ese plan que dicen haber presentado al GAFI y que nosotros aún no conocemos. Digo esto porque desde el vencimiento en 2009 de la denominada “agenda nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, desconocemos qué camino estamos transitando y hacia dónde estamos yendo.

¿Qué pasó en el medio? Lo que ocurrió es que todos nos preocupamos porque de pronto empezamos a tener una UIF muy vinculada con la política. A la UIF se dejó de ingresar por concurso y aparentemente muchos de los asesores que se nombraron no provenían –como lo exigía la legislación‑ de los ministerios, sino que fueron nombrados por estos pero no formaban parte de sus planteles.

Por otro lado, en su momento hice referencia a una nota del titular de la UIF, que el 14 de enero de 2010 señalaba en el diario Crítica que la UIF es un lugar de alto contenido político e ideológico. En realidad no es así, sino todo lo contrario; es un organismo que debe gozar de la garantía de independencia política e ideológica.

Justamente eso es lo que procuramos plantear a través de las diferentes modificaciones. Hasta ahora existía el riesgo de que se persiguiera administrativa y judicialmente a dirigentes y empresas. En más de una oportunidad tuvimos la sensación de que la UIF se ocupa de regular ciertos aspectos de la política económica que preocupan al gobierno. Hay organismos que no parecen ser del Estado, sino que han sido puestos –esta es una política que el gobierno defiende‑ en defensa de determinado plan o de determinado modelo. En realidad no están para eso.

En otros casos esos organismos son utilizados para aumentar la presión tributaria a través de un control fiscal indirecto. Digo esto porque cada vez que se promueve una investigación por evasión tributaria, si no hay operación de lavado se termina ejerciendo presión.

El tema de la presión tributaria y las investigaciones por evasión pareciera ser una de las políticas que más confusión provocaron en cuanto al fin que realmente debe perseguir la Unidad de Investigación Financiera. La atención de la UIF no puede centrarse en la evasión impositiva. Sin embargo, hemos leído también una entrevista del 13 de septiembre de 2010 de “diariojudicial.com” al titular de la UIF, en la que afirmaba: “En materia de lavado ni el narcotráfico, ni el tráfico de armas, ni la prostitución de menores, ni las estafas y delitos contra el Estado son tan importantes como la evasión impositiva.” Nosotros pensamos que semejante mención es clave para entender todo esto.

La realidad indica que la mayoría de las denuncias van al fuero penal tributario. Creemos que de este modo estamos desaprovechando una herramienta que ojalá se reoriente a partir de esta modificación.

¿Por qué queremos sancionar este proyecto? Para cortar las vías de financiamiento al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y la corrupción. Este es el fin que perseguimos con la sanción de este proyecto, sobre todo por las garantías que supone para quienes no están vinculados con estos hechos.

Vamos a luchar contra el lavado de dinero, porque no queremos que el crimen organizado tenga una razón más para instalarse en nuestro país.

La situación de la Argentina respecto de estos delitos no es buena. En 2010 nuestro país se convirtió en el de mayor índice de consumo de cocaína y marihuana de Sudamérica. Además, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se ha detectado cantidad de laboratorios de elaboración de anfetaminas y cocaína. También hay infinidad de cargamentos que ingresan vía aérea en razón de la falta de radarización, que es otra de las materias pendientes que tenemos en esta Cámara. Se estima que la mitad de las armas que circulan en el país no están registradas. Entre fines de 2008 y comienzo de 2010 fueron 600 las mujeres captadas por distintas redes de trata. Aparentemente, ése es el número que tenemos y probablemente sea muchísimo mayor.

Mientras no hagamos nada para evitar que se instalen los carteles de la droga o se siga institucionalizando la corrupción, por más esfuerzo que hagamos y más carga le demos a los sujetos obligados, el lavado va a seguir existiendo.

Evidentemente, esta materia y la forma como nosotros pretendemos llevar adelante este tratamiento, es lo que nos debe llevar a tener una buena ley –eso es lo que espero-, no porque nos la pidan de afuera, sino porque por lo que pasa y lo que pasó en el país nosotros otorguemos las herramientas que aseguren garantías a la UIF para un desempeño eficaz.

Con el oficialismo hemos promovido y avanzado tratando de garantizar la idoneidad técnica respecto de aquellas personas que se nombren como titulares de la Unidad de Información Financiera. Estamos tratando de lograr autonomía funcional, independencia política y autarquía financiera para que este organismo no sea utilizado con fines que excedan a su competencia exclusiva.

También estamos encontrando un régimen que garantiza la posibilidad de que la elección de los titulares sea abierta. Que no le quite al Poder Ejecutivo la facultad de designar finalmente, pero que el proceso de selección sea transparente, idóneo y con independencia política.

Por otro lado, hemos consensuado limitar las facultades que tiene la UIF para perseguir políticamente, si es que alguna vez quiere hacerlo. Pretendemos que sean los informes finales reportados como sospechosos los que disparen las investigaciones finales, limitando y prohibiéndose la facultad de querellar. Evidentemente, delimitado el tipo penal, y trabajando como lo estamos haciendo con otros aspectos de garantía de la ley, será fundamental entonces que podamos otorgarle a los ciudadanos la posibilidad de que sepan que un organismo del Estado no va a ser utilizado políticamente para llevar adelante investigaciones oficiosas, lo que resulta absolutamente inaceptable cuando se viole el secreto, la privacidad y la libertad de los ciudadanos al realizar negocios en nuestro país.

Por último, no me voy a dedicar a subrayar los aspectos de la concordia alcanzada con los bloques, porque ya he hablado de ello. Sí me referiré a la necesidad de fortalecer el pensamiento que tenemos que llevar adelante para que ojalá este ejemplo que espero se dé hoy –porque todavía no se ha producido la votación- sea el punto de inicio para lo poco o mucho que nos pueda quedar de tarea legislativa. ¡Ojalá nos podamos poner de acuerdo! Tenemos una cantidad de temas pendientes. ¡Ojalá lo podamos plantear y acordar de esta manera! ¡Ojalá también no nos llevemos la sorpresa de que algunas de estas propuestas luego sean vetadas, como ocurrió con algunas de las leyes que aprobamos no solamente en este período, sino también en el anterior! (Aplausos.)