No hay mejor forma de evaluar el ejercicio de ciudadanía entre los habitantes de un país que considerar la manera en la que la población, sin distingos, accede a derechos. En esa inteligencia, el acceso a la Justicia es -en última instancia y sin perjuicio de otros procedimientos previos- una de las más importantes garantías que los ciudadanos obtienen para el restablecimiento del goce y ejercicio pleno de sus derechos cuando son conculcados.

Además de la perspectiva de género, tema central en deficiencias para el acceso a la Justicia, otro de los casos donde más se advierten obstáculos son los conflictos civiles y comerciales de menor cuantía . El costo del procedimiento, los honorarios profesionales, los tiempos y formalismos que demandan los juicios y hasta el descreimiento de obtener una solución abstienen a muchos de iniciar un reclamo judicial en el contexto actual.

Esta imposibilidad de obtener un pronunciamiento judicial, aun en casos menores pero de un enorme significado para los involucrados, genera en el ciudadano una sensación de injusticia, impunidad y frustración y conlleva a la prolongación del conflicto, cuando no a la violencia.

Es por esto que he presentado un proyecto de ley que, de forma similar a como lo hicieron con éxito otros países, busca agilizar los procedimientos judiciales por reclamos menores para que puedan concluirse en no más de 60 días, buscando una mayor informalidad de los actos y sencillez de lenguaje, un predominio de la oralidad, un rol más activo, presencial y conciliador de los jueces y una flexibilización de la participación de los abogados para que las partes puedan tener una respuesta jurisdiccional adecuada en tiempo y forma.

A su vez, para la defensa de intereses se propone la creación de un Cuerpo de Abogados Solidarios, de integración voluntaria, conformado por aquellos abogados que deseen intervenir en este tipo de procesos, fijándoseles un honorario reducido atendiendo al menor tiempo que supondrá el nuevo procedimiento.

Este proyecto, que fue producto del aporte de diferentes organizaciones de la sociedad civil y que se ha ido perfeccionando a partir de la contribución de otros diputados que comparten la iniciativa, pretende obtener alternativas superadoras para quienes muchas veces se sienten frustrados por la ausencia de respuesta del Estado ante un reclamo que podrá ser menor para otros pero determinante para ellos.

Para eso la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados está convocando a debates para escuchar la opinión de diferentes expertos con el objeto de contribuir a la solución del problema que hoy plantea un procedimiento judicial lento y burocrático que margina o expulsa a muchos . Confío que el proceso electoral no detenga el avance de proyectos como este, que apuntan a las cuestiones y necesidades de todos los días de los argentinos, que no se suspenden en años electorales.